Protección al adulto mayor

Antecedentes

A partir del año 1982, a nivel mundial y regional se comienza a visualizar las situaciones de discriminación, marginalidad y vulneración de los derechos de las personas “Adultas mayores”, discriminación y vulnerabilidad, que se evidenciaba en la escasa incorporación de demandas y necesidades específicas de esta población en los planes programas y o acciones de políticas Nacionales, Departamentales y locales. Esta situación, era una característica no solo en nuestro país, sino también a nivel regional e internacional. Esta es una de las razones por las cuales, a nivel de la normativa  internacional, a partir de la formulación y ratificación del Plan de Viena 1982, se consagran una serie de principios y recomendaciones que deben ser incorporados en las políticas públicas de los países, entre ellos nuestro país, para mejorar esta situación y condiciones de vida de las personas adultas mayores.

Es recién que desde 1998, las organizaciones de la sociedad civil comienzan a encarar acciones de elaboración de propuestas y de incorporación de demandas relacionadas con esta problemática. Diversas instituciones y organizaciones de personas mayores de 60 años conforman la “Red de Defensa del anciano” para exigir sus derechos y denunciar las diversas formas de maltrato, violencia y violación de derechos de las/os Adultos/as Mayores. El resultado de estas acciones de denuncia y de exigencia de derechos, es la promulgación desde 1998 al 2000, de diversas leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales que tienen el objetivo central de garantizar el cumplimiento de los derechos y privilegios de los/as adultos mayores.

El año 200 la comisión Nacional del Adulto Mayor, asume la responsabilidad de elaborar el Plan Nacional del Adulto Mayor, este hecho sumado a la aprobación del Plan Internacional sobre el envejecimiento que se elabora en la Segunda Asamblea Mundial sobre envejecimiento el año 2002, promueve la creación del Viceministerio de la Tercera Edad, actualmente Dirección de la Tercera Edad, instancias nacionales que asumen la responsabilidad de encarar políticas que mejoren las condiciones de vida de los Adultos Mayores.